Fertilidad y Reproducción Asistida en Chile: Normativa y Desafíos Actuales

En los últimos años, la fertilidad y la reproducción asistida han cobrado relevancia en Chile, especialmente debido a la baja tasa de natalidad y los desafíos que enfrentan muchas parejas para concebir. El Gobierno ha impulsado diversas iniciativas para mejorar el acceso a estos tratamientos, pero aún existen barreras económicas y normativas que dificultan su implementación efectiva.

Normativa Vigente

Actualmente, Chile cuenta con regulaciones que permiten el acceso a tratamientos de fertilidad asistida a través de Fonasa y algunas Isapres. Sin embargo, la cobertura sigue siendo limitada, y muchas parejas deben recurrir a clínicas privadas para acceder a procedimientos como la fertilización in vitro.

El presidente Gabriel Boric anunció recientemente la creación de una ley que busca garantizar el acceso a estos tratamientos como un derecho de salud pública. Esta iniciativa responde a la creciente demanda de técnicas de reproducción asistida y a la necesidad de establecer un marco legal claro para su regulación.

Desafíos Actuales

A pesar de los avances, existen varios desafíos que deben abordarse:

  • Accesibilidad económica: Los tratamientos de fertilidad pueden ser costosos, y la cobertura estatal aún no es suficiente para garantizar el acceso universal.
  • Regulación de embriones criopreservados: La legislación debe definir criterios claros sobre el destino de los embriones congelados y los derechos de los pacientes.
  • Equidad de género y diversidad: La normativa debe considerar el acceso a estos tratamientos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o estado civil.
  • Conciencia y educación: Es fundamental generar campañas de información sobre fertilidad y reproducción asistida para que las personas puedan tomar decisiones informadas.

Conclusión

Chile está avanzando en la regulación de los tratamientos de fertilidad asistida, pero aún queda camino por recorrer. La nueva legislación propuesta por el Gobierno podría marcar un antes y un después en el acceso a estos procedimientos, garantizando que todas las personas tengan la oportunidad de formar una familia sin importar su situación económica.

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